La creación de espacios para la
generación de la confianza, en la relación comunidades indígenas y empresas, no
es suficiente a la hora de unir instituciones históricamente antagónicas. La
razón principal para que muchos pueblos protesten en contra de la actividad
privada es porque a ellos no les han dado las oportunidades que brinda el
desarrollo con equidad.
Cada vez más los Pueblos Indígenas
son conscientes de que no podrán sobrevivir si viven atascados en la
experiencia oscura del pasado. Si actualmente aún persisten posiciones
contrarias a la modernidad y la inversión es porque no hay otra forma de defenderse
ante la visión clásica del desarrollo: aquella que solo extrae los recursos
naturales, paga impuestos al Estado y al cabo de un tiempo desaparece dejando a
su paso más y peor pobreza de la que anteriormente existía.
Ante esta realidad, una gran pregunta
cae por su propio peso: ¿qué debería hacerse entonces para revertir esta situación?
Primero, habría que trabajar en la
reforma de los actuales mecanismos para la repartición del canon. Resulta
risible, por no decir absurdo, que varios proyectos petroleros y gasíferos, que
se encuentran en territorio de los indígenas, que por cierto están ahí antes
del surgimiento del Estado y de la propia empresa, no proporcionen
compensaciones directas y razonables. La forma como actualmente está tipificada
la repartición es que el canon le llega primero a los gobiernos regionales y
luego a los gobiernos distritales. En la práctica, esta manera de dividir los
beneficios ensancha la brecha entre los nativos y las empresas, ya que el
dinero proporcionado se queda en los distritos y estos difícilmente tienen
interés en ayudar a las comunidades y contribuir a su progreso.
Segundo, habría que evaluar si la
reforma emprendida culminaría en el hecho de hacer que las comunidades se
vuelvan accionistas o socios de las empresas creadas o por crear. Por lógica,
nadie puede destruir aquello que es suyo. Si los Pueblos Indígenas empiezan a
ver que los proyectos son también parte de ellos no tendrían por qué arrojarles
lanzas y destruirlos. No sería así, sobre todo, porque se sentirían finalmente
involucrados no solo en la toma de decisiones sobre la empresa en sí sino
también en algo que es más importante que eso: se sentirían reconocidos como
personas y de paso en ese nuevo ámbito de lucha que es el “reconocimiento
económico”.
La posibilidad de una relación de
este tipo conlleva necesariamente a que tanto los nativos como las empresas
afectadas se conozcan realmente y laboren para lograr una propuesta conjunta.
La propuesta conjunta deberá ser el resultado de un proceso que haya abordado
varios aspectos como la educación de los indígenas, la reforma de las
organizaciones internas y la renovación de sus líderes. En el caso de las
empresas, supondrá, inequívocamente, el cambio de mentalidad y la puesta en
marcha de una nueva estrategia para el éxito de los negocios; y, evidentemente,
apostar por un desarrollo en el que todos puedan ganar. Esto ayudaría a mejorar
los vínculos y calmar los ánimos sociales en el país.
