Los derechos indígenas no deben ceñirse exclusivamente en los derechos
políticos. Los derechos humanos implican, además de las
pretensiones políticas, los derechos económicos. Sobre esto último, no existe un
debate en el ámbito local. La razón se debe a la ausencia de una propuesta sobre
cómo hacer equitativo los beneficios de la explotación de los recursos
naturales.
A todas luces sabemos que el esquema actual de repartición del canon no
beneficia a las comunidades. Los alcaldes y presidentes regionales o están
involucrados en actos de corrupción o en la incapacidad de gastar por una falta
de formación técnica y visión de conjunto sobre las prioridades de sus pueblos.
En este panorama, son los Pueblos Indígenas los más excluidos. Solo sirven para
la foto de responsabilidad social de las empresas. La violencia interna se
avecina entre grupos que apoyan al sector privado y los que no. Estos últimos, respaldados
por ecologistas, salen a las calles a llevar a cabo conferencias de prensa sin
ofrecer soluciones reales de cambio.
2013-Secretaria Nacional de AIDESEP Lidia Rengifo saluda a LaDonna Harrias, ex candidata Vice Presidencial de los Estados Unidos, miembro del pueblo indígena Comanche en un encuentro con empresarios en Lima.
Las circunstancias actuales de exclusión y desorden nos deben conducir a
vislumbrar posibles estrategias para que las comunidades originarias participen
del progreso de una forma justa. Una manera de hacerlo es siguiendo el modelo
de la asociación en participación. Este modelo, ejecutado en algunas comunidades
de Australia y Alaska, radica en generar empresas ancestrales que den
suministros a las grandes compañías, donde, en varios casos, participan como
accionistas en la explotación de los
yacimientos mineros, petroleros y gasíferos.
Imaginemos un escenario en el que el sector privado llega a un acuerdo
con las comunidades indígenas, de forma conjunta, y concuerdan en que éstas
puedan dar servicios relacionados al transporte, alimentos, consultorías, recursos
humanos y en todos aquellos requerimientos que las grandes compañías necesiten
y que sean manejables por los nativos. Concretarlos,
al nivel técnico, no sería dificultoso, puesto que siguiendo el modelo de la
asociación en participación, y bajo una institucionalidad aborigen que promueva
y acompañe este proceso, se convocatoría a socios estratégicos privados para
que en sociedad con las comunidades, puedan cumplir con los compromisos
asumidos.
2013-El presidente de la CONFIEP, Alfonso García, el Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, Luis Salazar, Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y líderes nativos nacionales y extranjeros en un diálogo sobre estrategias de inversión para el desarrollo de la Amazonía.
Los ingresos de tales empresas servirían
para afrontar los problemas que actualmente padecen las comunidades. Un buen
número de ellos productos de los impactos de la globalización. ¿Estará la
Sociedad Peruana de Hidrocarburos dispuesta a proyectar este posible escenario
para hacer factible muchos proyectos hoy paralizados? La experiencia demuestra
que la unidad sector privado-comunidad, libre de prejuicios y con miras a un desarrollo
equitativo, ofrece resultados positivos. Este esquema aplicable en el rubro de industrias extractivas,
también puede ser replicado en otros ámbitos como el turismo, la madera, los
bonos de carbono, las agroindustrias, las plantas medicinales, etc.
Para la eventualidad de dicho escenario surgen dos grandes desafíos. Por
un lado, las propias comunidades indígenas por el enfoque político en el que
actualmente están inmiscuidas, cuya solución debe ser la redefinición de su rol
y comenzar a evaluar la consolidación del derecho económico; el criterio
central debe ser el uso de las mejores tecnologías para no contaminar el ambiente.
Esto es muy importante debido a las dificultades de inclusión y la necesidad de
un nuevo enfoque en las relaciones. Para que sea así debe darse un cambio
generacional en las actuales dirigencias y una profunda reforma organizacional.
Hoy en día existe un divorcio ente lo que realmente piensan gran parte
de las comunidades y los líderes que pretenden representarlos.
Por otro lado, está el desafío del sector privado. Sabemos de su enorme
desconfianza y del estorbo que en muchos casos representa el aparato estatal.
No obstante, recordemos que iniciativas fundamentales (privadas) amazónicas
están paralizadas por el tema social, y no tanto por los trámites burocráticos
que languidecen la economía del país. Es importante un debate alturado, con
propuestas claras, dejando atrás las barreras mentales, y demostrándole a la
sociedad cómo la comunión indígenas y empresas, podrían dar sostenibilidad a
los proyectos. Para dar este paso, también este sector debe sufrir una
metamorfosis, puesto que hay evidencias de grupos que solo buscan sus
ganancias, aduciendo respetar las reglas
de juego que el Estado ha ofrecido, sabiendo que eso no beneficia a los ámbitos
directamente involucrados.
Representas indígenas intercambian ideas con Beatriz Merino, Pdta. de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.
Con todo lo anterior, los Pueblos Indígenas deben saber que ninguna
sociedad ha perdurado en el tiempo sin el rol de la política. Pero ante todo deben
tener claro que ninguna sociedad ha subsistido sin la generación de
oportunidades para su población. La realidad de nuestro tiempo debe conducirnos
a replantear muchas cosas e invitarnos a tener nuevas miradas. De ahí la
trascendencia de comenzar a transformar el derecho político ganado en los
últimos años en un poder y reclamos
económicos. Es un acto de justicia. Este
derecho debe ser visto por el sector privado y las entidades gubernamentales no
como una amenaza, sino como una extraordinaria oportunidad para una verdadera y
digna repartición de la riqueza.
